1. Introducción
¿Debe una Administración pública evaluar las consecuencias económicas de asumir directamente un servicio público antes de comunicar al concesionario su decisión de no prorrogar el contrato? ¿O puede efectuar esa valoración durante el período comprendido entre la comunicación de la no prórroga y la efectiva extinción contractual?
Estas son las principales cuestiones que aborda la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 846/2026, de 2 de julio (ECLI:ES:TS:2026:3026), dictada en relación con la reversión del servicio público sanitario del Departamento de Salud de Torrevieja a la Generalitat Valenciana.
La resolución presenta especial relevancia para la contratación pública porque delimita las exigencias temporales y documentales derivadas del artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), cuando una Administración decide no prorrogar una concesión y sustituir la gestión indirecta por la prestación directa del servicio.
El Tribunal Supremo establece que la valoración económica debe realizarse antes de la extinción del contrato, pero no necesariamente antes de comunicar la decisión de no prorrogarlo. Además, admite que dicha valoración pueda efectuarse en el marco de las previsiones presupuestarias de una Administración autonómica, siempre que exista motivación suficiente.
La sentencia precisa así el alcance de la doctrina anteriormente establecida en la STS 952/2021, de 1 de julio, y conecta con las SSTS 271/2026, de 5 de marzo, y 305/2026, de 11 de marzo.
2. Antecedentes de hecho
El 21 de marzo de 2003, la Generalitat Valenciana y Torrevieja Salud UTE suscribieron un contrato mixto cuyo objeto comprendía la construcción de un hospital y la gestión, mediante concesión administrativa, del servicio público de asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de Torrevieja.
El contrato establecía una duración inicial de quince años desde la puesta en funcionamiento del hospital, producida el 16 de octubre de 2006, por lo que su vencimiento estaba previsto para el 15 de octubre de 2021.
La cláusula quinta del pliego contemplaba la posibilidad de prorrogarlo durante cinco años adicionales, siempre que existiera acuerdo entre ambas partes.
Por su parte, la cláusula 23 establecía que, un año antes de su finalización, la Administración debía disponer las normas necesarias para la recepción del hospital, sus instalaciones, equipamientos y personal correspondiente.
El 14 de octubre de 2020, la Consellería de Sanidad comunicó a la concesionaria su intención de no prorrogar el contrato y aprobó las normas encaminadas a la reversión del servicio sanitario.
Torrevieja Salud impugnó estas actuaciones mediante recurso de reposición, posteriormente desestimado, y acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa.
La controversia se centró, entre otras cuestiones, en que la Generalitat había comunicado la no prórroga sin disponer previamente de una valoración de las repercusiones económicas del cambio de modelo de gestión, exigida por el artículo 7.3 de la LOEPSF.
Durante la tramitación judicial, la Administración aportó un informe de 9 de junio de 2021 sobre la disponibilidad presupuestaria para asumir la gestión directa y otros informes relativos a los efectos económicos, asistenciales y de personal del nuevo sistema.
Estos documentos se habían elaborado después de la comunicación de no prórroga, pero antes del vencimiento contractual.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana núm. 930/2022, de 22 de noviembre, desestimó el recurso de la concesionaria.
El tribunal autonómico consideró que la extinción contractual no exigía un procedimiento específico, puesto que la prórroga requería el consentimiento de ambas partes, y entendió cumplidas las exigencias de estabilidad presupuestaria mediante los informes elaborados antes de la reversión.
Contra esta sentencia, Torrevieja Salud interpuso el recurso de casación que resuelve el Tribunal Supremo.
3. Fundamentos jurídicos
3.1. Objeto del recurso de casación
El recurso pretende determinar si la sentencia de instancia interpretó correctamente el artículo 7.3 de la LOEPSF al considerar válida una valoración económica realizada después de que la Administración comunicara su voluntad de no prorrogar la concesión.
La recurrente solicitaba la anulación de la sentencia y de las resoluciones administrativas impugnadas, defendiendo que la valoración debía preceder a la decisión de no prórroga.
También cuestionaba que pudiera entenderse cumplida esta exigencia mediante informes presupuestarios ajenos al expediente administrativo inicial.
La controversia no afecta, propiamente, al derecho de la Administración a rechazar la prórroga de un contrato que exige el acuerdo de ambas partes, sino a las obligaciones de evaluación económica que acompañan a la sustitución de un modelo de gestión indirecta por otro de gestión directa.
3.2. Cuestión de interés casacional
El Auto de admisión de 3 de abril de 2024 identificó tres interrogantes fundamentales relacionados con la aplicación del artículo 7.3 de la LOEPSF:
- Si la valoración de las repercusiones sobre el gasto público constituye un requisito previo a la decisión de no prorrogar el contrato y asumir la gestión directa.
- En qué momento debe efectuarse dicha valoración: antes de la decisión, antes de la extinción contractual o antes de la reversión efectiva.
- Si debe incorporarse al expediente administrativo o puede resultar suficiente su realización mediante informes y previsiones recogidos en la legislación presupuestaria autonómica.
El Tribunal Supremo debía concretar, por tanto, tanto la dimensión temporal como la dimensión formal de esta obligación.
3.3. Planteamiento de las partes
La concesionaria recurrente sostenía que la valoración económica debía preceder a la decisión administrativa de no prorrogar el contrato.
Invocaba la STS 952/2021 y argumentaba que el artículo 7.3 de la LOEPSF impone una evaluación preventiva, no susceptible de subsanación mediante documentos elaborados posteriormente.
Asimismo, distinguía entre la existencia de crédito presupuestario y la sostenibilidad financiera de una actuación administrativa.
A su juicio, disponer de financiación para una anualidad no equivale a acreditar la viabilidad económica de los compromisos presentes y futuros.
Por ello, solicitaba la nulidad de las actuaciones conforme al artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015.
La Generalitat Valenciana, por el contrario, defendía que el artículo 7.3 no exige un informe específico ni impone una forma documental determinada.
Argumentaba que el cambio de gestión no suponía asumir un servicio público nuevo, sino sustituir una modalidad de prestación por otra.
También insistía en que la valoración administrativa debía contemplar criterios de eficacia, eficiencia y calidad asistencial, sin limitarse exclusivamente al coste económico.
Finalmente, destacaba que los informes y las previsiones presupuestarias acreditaban el cumplimiento de las exigencias legales antes de producirse la extinción contractual.
3.4. Criterio de la Sala del Tribunal Supremo
La argumentación del Tribunal Supremo parte de una distinción esencial: la extinción del vínculo contractual por vencimiento del plazo y la decisión administrativa de asumir directamente el servicio público son cuestiones jurídicamente relacionadas, pero no idénticas.
A) La finalización contractual no elimina las obligaciones de estabilidad presupuestaria
La Sala recuerda que, conforme al artículo 1255 del Código Civil y al artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2000, vigente cuando se formalizó el contrato, las partes pueden establecer las condiciones de su relación contractual dentro de los límites legales.
Cuando la prórroga exige consentimiento mutuo, la oposición de cualquiera de ellas impide prolongar el contrato.
Sin embargo, el Tribunal Supremo subraya que la Administración no actúa con la misma libertad que un contratante privado.
Su actuación está condicionada por la defensa del interés general y por las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico.
En particular, el artículo 7.3 de la LOEPSF exige valorar las repercusiones sobre los ingresos y gastos públicos presentes y futuros de las decisiones administrativas.
Por consiguiente, que la Administración pueda legítimamente rechazar la prórroga no significa que pueda prescindir de evaluar las consecuencias económicas de sustituir la gestión concesional por la gestión directa.
B) La valoración económica debe preceder a la extinción del contrato
La Sala considera que la finalidad preventiva del artículo 7.3 exige que la Administración conozca las consecuencias económicas del nuevo modelo antes de que este sustituya efectivamente al anterior.
La evaluación debe considerar las condiciones de prestación del servicio, sus costes y beneficios y las repercusiones futuras de asumir su gestión.
De este modo, el Tribunal establece que la valoración debe estar realizada antes del vencimiento contractual.
Esta exigencia impide que la Administración justifique exclusivamente a posteriori la sostenibilidad de un modelo de gestión que ya se encuentra implantado.
C) No es imprescindible realizar la valoración antes de comunicar la no prórroga
Este constituye el aspecto más relevante y matizado de la sentencia.
El Tribunal Supremo distingue entre el momento de comunicación al contratista y aquel en que efectivamente termina la relación contractual.
Cuando el pliego exige comunicar la no prórroga con una antelación considerable, como sucedía en Torrevieja, puede transcurrir un período durante el cual cambien sustancialmente las circunstancias económicas, sociales o administrativas.
La Sala razona que exigir una evaluación definitiva antes del preaviso podría obligar a trabajar con previsiones desactualizadas cuando llegara el momento de asumir el servicio.
Por esta razón, admite que la valoración se realice después de comunicar la no prórroga, siempre que esté concluida antes de la extinción del contrato.
La interpretación responde a la ausencia de una previsión específica en el artículo 7.3 sobre el momento exacto en que debe elaborarse la valoración.
No obstante, conviene precisar que esta solución no convierte la evaluación económica en un trámite prescindible ni autoriza su realización una vez extinguido el contrato.
Lo que permite es desplazar su elaboración al período comprendido entre el preaviso y el vencimiento contractual.
D) La valoración no requiere necesariamente un informe autónomo
Respecto de las exigencias documentales, el Tribunal Supremo mantiene el criterio antiformalista de su jurisprudencia anterior.
El artículo 7.3 de la LOEPSF exige una valoración, pero no establece que necesariamente deba materializarse en una memoria económica independiente o en un informe incorporado al expediente administrativo inicial.
La Sala admite que pueda encontrarse en la motivación del propio acto o en otros documentos que permitan comprobar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Incluso reconoce que, tratándose de una Administración autonómica, puede efectuarse en el marco de las previsiones contenidas en su Ley de Presupuestos.
La sentencia distingue esta situación de las exigencias específicas aplicables a las entidades locales, haciendo referencia al artículo 86.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ahora bien, la flexibilidad documental no equivale a ausencia de justificación material.
La valoración debe contener un análisis suficientemente motivado de los gastos e ingresos presentes y futuros que ocasionará la nueva modalidad de gestión.
Por tanto, la mera invocación de una partida presupuestaria no debería confundirse automáticamente con la acreditación de la sostenibilidad financiera.
La admisión de las previsiones presupuestarias está condicionada a que incorporen una motivación suficiente.
E) Aplicación al caso de Torrevieja
La Sala constata que, aunque la Generalitat comunicó la no prórroga el 14 de octubre de 2020, antes del vencimiento contractual disponía de un informe económico de 9 de junio de 2021 y había tramitado un expediente específico sobre las repercusiones del cambio de gestión.
Además, existían previsiones presupuestarias destinadas a financiar la prestación directa del servicio.
El Tribunal considera que este conjunto documental permitía acreditar el cumplimiento del artículo 7.3 de la LOEPSF antes de la finalización del contrato.
En consecuencia, rechaza la interpretación de la concesionaria y confirma la legalidad de la actuación administrativa.
3.5. Doctrina fijada por el Tribunal Supremo
La sentencia establece una doctrina que puede sintetizarse del siguiente modo:
Cuando una Administración decide no prorrogar un contrato de gestión de servicios públicos y asumir directamente su prestación, debe valorar las repercusiones económicas y presupuestarias previstas en el artículo 7.3 de la LOEPSF antes de la extinción contractual, aunque dicha valoración puede efectuarse después de comunicar la no prórroga. En el ámbito autonómico, la valoración puede integrarse en las previsiones presupuestarias correspondientes, siempre que exista motivación suficiente sobre el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
De esta doctrina se desprenden tres consecuencias principales:
- La comunicación anticipada de la no prórroga no determina necesariamente el momento límite de la valoración económica.
- La extinción efectiva del contrato constituye el límite temporal que la Administración debe respetar.
- No es obligatorio elaborar una memoria autónoma, pero sí acreditar materialmente las repercusiones económicas del cambio de gestión.
4. Resolución del recurso
El Tribunal Supremo desestima íntegramente el recurso de casación interpuesto por Torrevieja Salud.
Considera que la Generalitat Valenciana cumplió las exigencias del artículo 7.3 de la LOEPSF mediante las previsiones presupuestarias y los informes económicos elaborados antes del vencimiento contractual.
En consecuencia, confirma la Sentencia núm. 930/2022, de 22 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y mantiene la conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas impugnadas.
5. Fallo
La Sala confirma la validez de las actuaciones administrativas relativas a la no prórroga de la concesión sanitaria de Torrevieja y desestima la pretensión anulatoria formulada por la concesionaria.
En materia de costas del recurso de casación, aplica el artículo 93.4 de la LJCA, disponiendo que cada parte soporte las propias y que las comunes se satisfagan por mitad.
6. Conclusiones prácticas
La STS 846/2026 ofrece criterios especialmente relevantes para la preparación de expedientes administrativos y la litigación en materia de contratación pública.
Primera. La no prórroga y el cambio de gestión deben analizarse separadamente. Que el contrato pueda extinguirse por vencimiento del plazo no exime de justificar las consecuencias de asumir directamente el servicio.
Segunda. El momento de la valoración económica resulta determinante. La Administración puede realizarla después del preaviso de no prórroga, pero debe concluirla antes de la extinción contractual.
Tercera. La ausencia de una memoria económica independiente no comporta, por sí sola, la ilegalidad de la actuación. Lo decisivo es comprobar si existe una valoración material suficiente.
Cuarta. La disponibilidad de crédito y la sostenibilidad financiera no son conceptos necesariamente equivalentes. Aunque la Sala admite la valoración dentro de las previsiones presupuestarias autonómicas, exige motivación suficiente sobre los gastos e ingresos presentes y futuros.
Quinta. La estrategia procesal debe centrarse en la efectividad y suficiencia de la evaluación. Tras esta sentencia, sostener exclusivamente que los informes son posteriores a la comunicación de no prórroga no basta para obtener la anulación si se realizaron antes del vencimiento contractual.
Sexta. La doctrina debe aplicarse atendiendo a las características de cada Administración. La sentencia admite expresamente determinadas soluciones documentales para las Administraciones autonómicas, pero recuerda que las entidades locales están sujetas a exigencias específicas.
En definitiva, el Tribunal Supremo combina una interpretación flexible de los requisitos formales y temporales con la exigencia de una justificación económica efectiva del cambio de modelo de gestión.
La Administración puede decidir no prolongar una concesión y recuperar la gestión directa del servicio, pero debe acreditar, antes de que finalice el contrato, que esa transición respeta los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La relevancia de esta sentencia reside precisamente en identificar dónde se sitúa el límite: no necesariamente en la comunicación de la no prórroga, sino en la extinción efectiva de la relación contractual.