Responsabilidad patrimonial de la Administración y concesiones demaniales: la elección incorrecta de la acción indemnizatoria determina su desestimación

Análisis de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, n.º 356/2026, de 26 de junio de 2026.

ECLI: ES:TSJICAN:2026:4291
Recurso: Procedimiento ordinario n.º 183/2024
Ponente: Francisco José Gómez de Lorenzo-Cáceres

1. Introducción

La Sentencia n.º 356/2026, de 26 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aborda una cuestión de notable trascendencia práctica: ¿puede un concesionario administrativo reclamar una indemnización mediante el procedimiento de responsabilidad patrimonial extracontractual cuando los daños que denuncia derivan del incumplimiento de las obligaciones de la Administración concedente?

La respuesta de la Sala es negativa. La existencia de una relación concesional determina que las controversias relativas al cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes deban sustanciarse conforme al régimen jurídico propio de dicha relación, sin que resulte admisible sustituirlo por el de la responsabilidad patrimonial extracontractual.

La relevancia de la resolución reside en que la Sala considera que el error en la elección de la acción ejercitada no constituye una simple irregularidad formal susceptible de subsanación, sino una cuestión sustantiva que afecta al título jurídico de la reclamación.

Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal aplica la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su Sentencia 1979/2024, de 17 de diciembre, relativa a los límites del principio de buena administración cuando se pretende sustituir una acción por otra sometida a presupuestos y requisitos diferentes.

Conviene precisar que la resolución analizada no resuelve un recurso de casación, sino un recurso contencioso-administrativo en primera instancia. Su interés jurisprudencial radica en la aplicación de doctrina casacional del Tribunal Supremo a una controversia sobre responsabilidad derivada de una concesión portuaria.

2. Antecedentes de hecho

El litigio tiene su origen en una concesión demanial otorgada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas el 16 de diciembre de 2020, destinada a la construcción y explotación de un centro náutico de atención a embarcaciones deportivas de gran porte y otras profesionales análogas, en el Muelle del Refugio.

Durante el desarrollo del proyecto, la entidad concesionaria detectó importantes obstáculos que, según sostenía, impedían la efectiva disponibilidad de los terrenos y de la lámina de agua objeto de concesión.

Entre ellos figuraban la existencia de fangos marinos contaminados, una línea eléctrica de media tensión que atravesaba la parcela, otras redes de suministro, instalaciones y edificaciones pendientes de retirar y diversas limitaciones de las infraestructuras existentes.

La concesionaria alegaba que estos problemas, cuya eliminación correspondía a la Autoridad Portuaria, habían ocasionado retrasos en la redacción del proyecto de ejecución y en el comienzo de las obras, incrementando sus costes y reduciendo el período efectivo de explotación y amortización de la concesión.

La Autoridad Portuaria asumió determinadas actuaciones para eliminar los obstáculos, entre ellas el desvío de la línea eléctrica, comunicado en octubre de 2022, y los trabajos de dragado y retirada de sedimentos contaminados, cuya recepción favorable se sitúa en marzo de 2023.

El 21 de julio de 2023, la concesionaria presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial solicitando una indemnización de 5.264.640,16 euros, más los intereses correspondientes.

Mediante Acuerdo de 15 de febrero de 2024, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria desestimó la reclamación por considerar inaplicable el régimen de responsabilidad patrimonial extracontractual, dada la existencia de una relación concesional entre las partes.

Subsidiariamente, entendió que tampoco concurrían los requisitos de antijuridicidad del daño ni de relación causal entre la actuación administrativa y los perjuicios reclamados.

Frente a este acuerdo, la concesionaria interpuso recurso contencioso-administrativo el 12 de abril de 2024, solicitando su anulación y el reconocimiento del derecho a percibir la indemnización reclamada.

La Abogacía del Estado interesó la desestimación del recurso y la confirmación del acuerdo administrativo.

3. Fundamentos jurídicos

3.1. Objeto del recurso contencioso-administrativo

El objeto del proceso consistía en determinar si resultaba conforme a Derecho la resolución que había rechazado la reclamación indemnizatoria de la concesionaria.

La pretensión ejercitada tenía una doble dimensión: por una parte, la anulación del acuerdo administrativo y, por otra, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada consistente en el derecho a percibir una indemnización superior a cinco millones de euros.

Sin embargo, la Sala centra su análisis en una cuestión previa y determinante: la adecuación de la acción ejercitada al régimen jurídico del que derivaban los daños reclamados.

Este enfoque resulta decisivo porque permite resolver el litigio sin necesidad de pronunciarse sobre la efectiva existencia, causalidad y cuantificación de todos los perjuicios alegados.

3.2. Cuestión jurídica controvertida

La controversia jurídica puede formularse en los siguientes términos:

¿Puede una Administración, o posteriormente el órgano jurisdiccional, reconducir una reclamación de responsabilidad patrimonial extracontractual al régimen de responsabilidad derivada de una concesión administrativa cuando ambas acciones responden a títulos jurídicos, presupuestos y requisitos diferentes?

La cuestión presenta dos vertientes estrechamente relacionadas.

La primera consiste en determinar si los incumplimientos imputados a la Administración concedente pueden fundamentar una reclamación de responsabilidad patrimonial extracontractual.

La segunda exige establecer si el principio de buena administración permite superar una incorrecta calificación jurídica de la acción, aplicando de oficio el régimen que resulte procedente.

3.3. Planteamiento de las partes

La posición de la concesionaria

La entidad recurrente sostenía que la Autoridad Portuaria había incumplido su obligación de poner a disposición del concesionario un espacio demanial apto para ejecutar las obras y desarrollar la actividad autorizada.

Invocaba, entre otros preceptos, el artículo 81.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), así como las condiciones establecidas en el pliego de bases.

A su juicio, la Administración debía responder de los perjuicios ocasionados, con independencia de que estos se hubieran producido en el contexto de una relación concesional.

La recurrente defendía que la invocación de normas relativas a la responsabilidad patrimonial extracontractual no justificaba, por sí sola, el rechazo de una pretensión indemnizatoria cuyos hechos y fundamentos habían quedado suficientemente identificados.

Entendía que el principio de buena administración obligaba a examinar la reclamación conforme al régimen jurídico procedente, sin alterar la pretensión material ejercitada.

También rechazaba que los daños denunciados pudieran imputarse al principio de riesgo y ventura del concesionario, al considerar que derivaban de incumplimientos de la propia Administración concedente.

La posición de la Abogacía del Estado

La Administración demandada mantenía que la acción ejercitada era jurídicamente improcedente.

Argumentaba que las obligaciones presuntamente incumplidas derivaban directamente de la concesión administrativa y, por consiguiente, debían examinarse conforme al régimen de responsabilidad propio de dicha relación, y no mediante la responsabilidad patrimonial extracontractual.

La Abogacía del Estado defendía que no se trataba de un defecto formal subsanable, sino de la elección de una acción distinta, sometida a presupuestos, requisitos y plazos propios.

Asimismo, alegaba la existencia de fraude de ley, al entender que la concesionaria pretendía obtener por la vía extracontractual una indemnización que no podría reclamar en esos mismos términos mediante los mecanismos de revisión y reequilibrio de la concesión previstos en el artículo 89 del TRLPEMM.

3.4. Criterio de la Sala del Tribunal Superior de Justicia

El fundamento jurídico cuarto contiene la razón determinante de la decisión judicial.

La Sala comienza afirmando expresamente que la Administración demandada tiene razón y considera plenamente aplicable la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de diciembre de 2024.

A partir de esta remisión jurisprudencial, pueden distinguirse cuatro elementos esenciales.

A) La responsabilidad contractual y la extracontractual responden a títulos jurídicos diferentes

El Tribunal parte de que la relación existente entre la Autoridad Portuaria y la entidad reclamante deriva de una concesión administrativa.

Los incumplimientos denunciados se relacionan directamente con las obligaciones de puesta a disposición de los terrenos, retirada de obstáculos y ejecución del proyecto concesional.

Por tanto, la eventual responsabilidad de la Administración tiene su origen en esa relación jurídica específica.

La distinción no es meramente terminológica. Las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual responden a presupuestos y regímenes diferentes, aunque ambas puedan perseguir una reparación económica.

Precisamente esta diferencia impide considerar equivalentes ambas vías de reclamación.

B) El principio de buena administración no permite sustituir una acción por otra

La cuestión nuclear de la sentencia es la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2024.

En aquella resolución, dictada en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, el Tribunal Supremo rechazó que los principios de buena administración y confianza legítima permitieran modificar la acción ejercitada por un particular para sustituirla por otra sometida a un régimen sustancialmente diferente.

La Sala reproduce esta doctrina y la traslada al ámbito concesional.

Su razonamiento descansa en que no basta con que dos procedimientos persigan un resultado económico semejante para considerarlos jurídicamente intercambiables.

Cuando los presupuestos, los títulos y los requisitos de las acciones son distintos, la Administración no está obligada a transformar la reclamación presentada en otra diferente.

Por tanto, el principio de buena administración no constituye una habilitación general para corregir cualquier error en la elección de la vía jurídica utilizada por el interesado.

Esta conclusión reviste especial importancia porque establece un límite a la posibilidad de reconducir de oficio las pretensiones administrativas.

C) El artículo 115.2 de la Ley 39/2015 no justifica la reconducción de la reclamación

La doctrina aplicada también aborda el alcance del artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.

Este precepto establece que el error o la ausencia de calificación de un recurso administrativo no impedirá su tramitación cuando pueda deducirse su verdadero carácter.

Sin embargo, el Tribunal Supremo advierte que dicha previsión no permite transformar acciones sustancialmente distintas.

Una cosa es corregir la denominación equivocada de un recurso y otra sustituir una pretensión indemnizatoria por otra que responde a un título jurídico diferente.

La sentencia analizada aplica esta segunda consideración.

La Sala entiende, en definitiva, que no estamos ante un problema de identificación nominal del procedimiento, sino ante la elección de un régimen de responsabilidad que no corresponde a la relación jurídica de la que derivan los daños.

D) La Sala no entra a valorar el fondo de la reclamación indemnizatoria

Este aspecto merece especial atención.

La recurrente había dedicado una extensa argumentación a acreditar los obstáculos existentes en el espacio concesional, las obligaciones de la Autoridad Portuaria y los perjuicios derivados del retraso.

Sin embargo, la Sala no realiza un examen individualizado de las pruebas relativas a dichos extremos ni determina si la Administración incurrió efectivamente en los incumplimientos denunciados.

Tampoco se pronuncia sobre la suficiencia de la prueba de los daños ni sobre la cuantificación de los 5.264.640,16 euros reclamados.

La desestimación se fundamenta en la improcedencia de la acción escogida.

Por ello, la sentencia no declara que el concesionario tuviera el deber jurídico de soportar los perjuicios alegados ni que estos fueran inexistentes; concluye que no podían reclamarse mediante la concreta acción ejercitada.

Esta distinción resulta fundamental para interpretar correctamente su alcance.

La Sala tampoco desarrolla una fundamentación autónoma sobre el fraude de ley, los actos propios o la eventual exclusividad del reequilibrio económico de la concesión como mecanismo resarcitorio.

Aunque estas cuestiones fueron planteadas por las partes, no constituyen la razón decisiva del fallo.

3.5. Criterio jurisprudencial aplicado

La sentencia no fija doctrina jurisprudencial en sentido propio, función que corresponde al Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación. No obstante, aplica un criterio que puede sintetizarse así:

Cuando los daños reclamados derivan del incumplimiento de obligaciones inherentes a una concesión administrativa, la acción indemnizatoria debe ejercitarse conforme al régimen jurídico propio de dicha relación. La invocación del principio de buena administración o de confianza legítima no permite transformar una reclamación de responsabilidad patrimonial extracontractual en otra de responsabilidad contractual cuando ambas responden a títulos, presupuestos y requisitos sustancialmente diferentes.

De este criterio se derivan varias consecuencias:

  • La correcta identificación del título jurídico de la responsabilidad constituye una exigencia sustantiva de la reclamación.

  • La coincidencia de la pretensión económica no convierte en intercambiables acciones sometidas a regímenes diferentes.

  • El artículo 115.2 de la Ley 39/2015 no permite corregir mediante una simple recalificación cualquier error en la elección de la acción.

  • La desestimación por inadecuación de la vía ejercitada no equivale necesariamente a negar la existencia material de los daños alegados.

4. Resolución del recurso

La Sala desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad concesionaria.

Como consecuencia de esta decisión, mantiene la validez del Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de 15 de febrero de 2024, por el que se había rechazado la reclamación de responsabilidad patrimonial.

La sentencia no reconoce derecho indemnizatorio alguno ni condena a la Administración al pago de la cantidad reclamada.

La resolución confirma, por tanto, la improcedencia de acudir al régimen de responsabilidad patrimonial extracontractual para reclamar unos perjuicios cuya causa se sitúa en las obligaciones propias de la relación concesional.

5. Fallo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestima el recurso contencioso-administrativo y confirma el acuerdo administrativo impugnado por considerarlo ajustado a Derecho.

Asimismo, impone las costas procesales a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No obstante, limita a 2.000 euros la cuantía de las costas correspondientes a los conceptos de representación y defensa de la Administración demandada.

6. Conclusiones prácticas

La Sentencia 356/2026 ofrece varias enseñanzas relevantes para quienes intervienen en procedimientos de reclamación frente a las Administraciones públicas.

Primera. La identificación de la relación jurídica constituye el punto de partida de cualquier reclamación indemnizatoria. Antes de ejercitar la acción debe determinarse si el perjuicio procede del funcionamiento general de los servicios públicos o del incumplimiento de obligaciones nacidas de una relación jurídica específica.

Segunda. Las concesiones demaniales presentan un régimen propio de obligaciones y responsabilidades. Cuando el daño denunciado deriva de la ejecución del título concesional, la reclamación debe construirse sobre ese régimen, aunque la Administración haya intervenido en ejercicio de potestades públicas.

Tercera. La elección incorrecta de la acción puede determinar la desestimación sin un examen del fondo. Así ocurre en esta sentencia, donde la Sala no necesita resolver la controversia sobre los retrasos, la imputación de los incumplimientos ni la cuantificación de los perjuicios.

Cuarta. La buena administración no elimina las cargas jurídicas del reclamante. La doctrina del Tribunal Supremo aplicada por la Sala exige distinguir entre corregir la denominación de una acción y sustituirla por otra sometida a requisitos sustancialmente distintos.

Quinta. La estrategia procesal debe diferenciar entre indemnización de daños y perjuicios y reequilibrio económico de la concesión. La sentencia pone de manifiesto la importancia de esa distinción, aunque no resuelve de manera autónoma si el reequilibrio constituye la única respuesta posible en el supuesto controvertido.

Sexta. La formulación inicial de la reclamación puede condicionar decisivamente el posterior recurso jurisdiccional. La defensa de la concesionaria sostuvo que la Administración debía reconducir la acción ejercitada, pero la Sala rechazó esa posibilidad mediante la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo.

En definitiva, la principal enseñanza de esta resolución es que la procedencia material de una indemnización y la idoneidad jurídica de la acción utilizada para reclamarla son cuestiones distintas.

Incluso cuando se alegan incumplimientos administrativos y daños económicamente relevantes, la reclamación puede fracasar si se fundamenta en un régimen de responsabilidad ajeno a la relación jurídica de la que nacen los perjuicios.

La sentencia constituye así una advertencia sobre la importancia de configurar correctamente la acción indemnizatoria desde su planteamiento inicial, especialmente en el ámbito de las concesiones administrativas, donde concurren obligaciones recíprocas y mecanismos específicos de tutela jurídica.

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